Santiago de Chile
jueves 29 de julio de 2010
Actualizado a las 20:35 hrs.
jueves 29 de julio de 2010
Actualizado a las 20:35 hrs.
Lunes 19 de Marzo de 2007Gestión en cultura
Hace un año, la designación de la actual ministra presidenta del Consejo de la Cultura motivó el anuncio de un conjunto de medidas incluidas en el programa del gobierno entrante. Se fijaron metas, principalmente en infraestructura, patrimonio, programas culturales, fondos concursables, capacitación y gestión cultural. El tiempo transcurrido no permite aún una evaluación definitiva, y es previsible encontrar resultados dispares en el avance en todas estas materias. A pesar de ello, es posible advertir la presencia de un estilo de gestión, aunque el énfasis puesto en instancias colectivas para la elaboración de sus políticas no permite a dicho ministerio imprimirle un ritmo más nítido a su labor.
En algunas materias existe consenso en que ha habido progresos, especialmente en la necesidad de mejorar los mecanismos de selección de los evaluadores y jurados de los fondos concursables. Se ha procurado velar por una mayor transparencia en la selección de proyectos y dar más agilidad al proceso de postulación. Asimismo, se ha propuesto elaborar programas de animación cultural dirigidos a grupos sociales más vulnerables.
En contrario, puede hablarse de estancamiento en los anuncios relativos a infraestructura. En comparación con lo anunciado, poco se ha avanzado en la dotación de salas, teatros, bibliotecas y centros culturales, especialmente en regiones, donde la falta de espacios para desarrollar alguna actividad cultural es dramática. Tampoco se ha impulsado con decisión un proyecto que modifique la actual Ley de Propiedad Intelectual, materia muy sensible para el mundo editorial, que sufre el impacto de la piratería. En cambio, se anuncia una futura y discutible reforma sobre "excepciones al derecho de autor". Asimismo, la normativa sobre donaciones culturales, pese a defectos que el propio SII reconoce, sigue sin corregirse.
En fin, se evidencia un retroceso con graves consecuencias en el futuro inmediato en el ámbito del patrimonio. Preocupa la lentitud con que se trabaja en esta materia y su falta de prioridad en la agenda del Gobierno, a pesar de la abundante retórica oficial. La discusión sobre el Instituto del Patrimonio, que busca delinear "una política de Estado" sobre esta materia, puede prolongarse indefinidamente en el Congreso, una vez que la comisión entregue sus resultados a la Presidencia. Todo esto desconoce la urgencia de reformar la Ley de Monumentos Nacionales, principal instrumento que puede ir en ayuda del patrimonio. La introducción en dicha ley de mecanismos modernos, que estimulen el rescate y promoción efectiva de nuestro patrimonio, se ve hoy como algo lejano y hasta utópico.
